Profesor de la Universidad Santa María Viña del Mar, Marcelo Rojas, explica los principales riesgos asociados a la implementación de los proyectos mineros y los desafíos para el sector ante este escenario.
En el contexto del actual debate acerca de la modificación al Código de Aguas, que buscaría hacer de este vital recurso un Bien Nacional de Uso Público, superando así su condición como activo de mercado, la industria minera –fundamental para la economía chilena– ha estado puesta en el eje central de la discusión al ser uno de los sectores de la economía nacional que mayor cantidad de estos recursos demanda para su funcionamiento.
El diseño de una política pública que otorgue respuesta ante la escasez de agua a nivel global, resulta un aspecto prioritario en el cual un conjunto de organismos internacionales se han alineado para orientar el desarrollo de un nuevo trato que permita una relación armoniosa entre crecimiento económico y una vida sustentable.
Los recientes conflictos en la zona interior de la Región de Valparaíso por el mal uso de aguas, particularmente en las Provincias de Quillota y Petorca, vienen a expresar la gravedad de la situación. De ahí que se proyectan escenarios de crisis y que de no regularse por la vía institucional, bien podrían derivar en situaciones que alteren la estabilidad y –como se ha afirmado– ser incluso causante de guerras en el mundo.
Asimismo, en otras zonas como la Provincia de Huasco, en el norte del país, el conflicto entre las comunidades del sector y la Empresa Barrick por la implementación del Proyecto Pascua Lama (que removería glaciares y contaminaría cursos fluviales que nutren a los pequeños agricultores) ha mantenido en constante tensión a los organismos encargados de proceder en esta materia; de hecho, la Resolución de Calificación Ambiental (2006) presentó un conjunto de irregularidades que fueron detectadas por la Superintendencia del Medio Ambiente el año 2013, significándole una multa a la empresa Barrick que ascendió a los 16 millones de dólares y la paralización de la iniciativa, lo cual marca un precedente en esta materia.
En ese sentido, para el profesor de la carrera de Técnico Universitario en Minería y Metalurgia de la Universidad Santa María Viña del Mar, Marcelo Rojas, “todo gran proyecto minero, al llevarse a cabo, genera un Impacto Ambiental significativo, que afectará a los ecosistemas naturales (flora y fauna), con mayor razón en áreas con escasos recursos hídricos, debido a los escasos hielos eternos en sus cumbres”.
Por otra parte, explica que los principales riesgos contaminantes son “la contaminación atmosférica por particulado fino, a veces con metales pesados, gases generados por las fundiciones, aguas contaminadas, aguas ácidas, o por percolados de los tranques de relaves que pueden llegar a contaminar las napas subterráneas”. Además –agrega– “los mismos depósitos de relaves, que generan contaminación de suelos, polución atmosférica por particulado fino llevado por el viento y posibles filtraciones de aguas con metales pesados a las napas subterráneas, sin contar el impacto visual o paisajístico que provoca vivir cerca de un depósito de relaves abandonado”.
En relación a la iniciativa que ha emprendido Barrick en lo que concierne al fortalecimiento de sus relaciones comunitarias, para el profesor Marcelo Rojas es positivo ya que “parte del impacto ambiental, es el impacto que puede provocar un proyecto a las comunidades cercanas, por eso es tan importante el que las mineras se comuniquen adecuadamente con las comunidades, deben abrirse a escucharlos y no esconder los posibles riesgos que enfrentarán las comunidades o los ecosistemas intervenidos”.
Asimismo, considera que “lo primero que debe considerar un modelo de minería sustentable con el medio ambiente, es reconocer el derecho de las futuras generaciones a vivir en una región o un país libre de contaminación, por lo tanto, asegurar la continuidad de los ecosistemas, la continuidad de los recursos”.
En cuanto a la institucionalidad medioambiental y la normativa vigente, el profesor de la USM Viña del Mar cree que “actualmente hemos dado pasos fundamentales para asegurar un país apto para la vida de las futuras generaciones.
El primer paso fue la Ley sobre Bases Generales Del Medio Ambiente de 1994 y la Ley 20.551 que regula el cierre de faenas e instalaciones Mineras, del año 2011, además de estar funcionando por completo nuestra Institucionalidad Ambiental, con el SEIA, Ministerio de Medio Ambiente, Tribunales Ambientales y Superintendencia de Medio Ambiente. Pero aún faltan recursos para poder hacer más robusta nuestra institucionalidad”.
Finalmente, y en relación a la crisis del agua, el docente de la carrera de Técnico Universitario en Minería y Metalurgia estima que los recursos hídricos deben prevalecer y ser asegurados para las comunidades primeramente, y después para la industria, sin embargo advierte que “no solo la minería ocupa mucha agua, la agricultura no sustentable también; por ejemplo, las escasa agua que tiene Petorca y La Ligua, no se debe únicamente a la minería sino también al mal uso de las aguas de las cuencas hidrográficas, con cientos de hectáreas con paltos.
Esta zona debiera tener árboles nativos, con un consumo de agua mínimo, los propios del bosque esclerófilo, no así los paltos, propios de zonas tropicales como México y Guatemala, donde abundan las lluvias, no en una zona semi desértica, como es la Región de Valparaíso”, concluye.
Fuente: SEDE VIñA DEL MAR / Universidad Técnica Federico Santa María - 24/04/2015
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